El artículo 21 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, define de los lugares de memoria democrática de la siguiente forma:
«Lugar de Memoria Democrática de Andalucía es aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre en Andalucía y revele interés para la Comunidad Autónoma como patrimonio histórico, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, por haberse desarrollado en él hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de 1936, la Dictadura franquista y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía el 11 de enero de 1982, y que haya sido inscrito por decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía que se regula en el artículo 23.»

Es decir, se trata de lugares vinculados a la defensa de la democracia y de los valores democráticos durante la Guerra Civil. Sin embargo, la realidad es que ninguno de los bandos tenía la menor intención de implantar una democracia y concretamente el que considera «democrático» pretendía una dictadura comunista, motivo por el cual, ninguno de los lugares de memoria declarados cumplen con el el requisito de «democráticos» del artículo 21 de la Ley 2/2017 y por ellos, son todos nulos de pleno derecho.
En todo caso, lo que abogamos es que se recuerden los lugares vinculados a ambos bandos, porque concretamente el bando nacional defendía dos derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada y a la libertad religiosa que el bando supuestamente «democrático» pretendía eliminar.