La creación de asociaciones que frente a la «memoria histórica» pretenden la igualdad de los españoles ante la Segunda República y la Guerra Civil es un fenómeno imparable. Hay que destacar la reciente creación de la asociación «Memoria y Concordia», cuyo presidente es Iñaki Iriarte, profesor universitario y parlamentario por el partido UPN.
A continuación las palabras del presidente en la presentación de la asociación de la que habría que destacar que el hecho de que las víctimas del bando republicano hubiesen tenido homenajes durante el Franquismo no puede ser un argumento por su absoluto olvido por la legislación de memoria histórica:
“Antes de presentar a nuestro invitado, me corresponde la honrosa misión de presentar en sociedad a la asociación Memoria y Concordia, que hemos formado un grupo de amigos y me ha tocado presidir. La finalidad de Memoria y Concordia se resume perfectamente en su nombre. Buscamos fomentar una memoria histórica que favorezca la concordia entre los españoles del presente. Entre los descendientes de los carlistas y de los socialistas, los de los comunistas y los de la CEDA, los de la Falange y los anarquistas. O de los nacionalistas. En definitiva, entre los descendientes de los españoles de todas las tendencias que conformaron las dos Españas… Y por supuesto, también de aquella tercera España que trató de mantenerse al margen de la tragedia. Nadie, en cualquier caso, es rehén de las ideas, de las filias y las fobias de sus ascendientes. Nuestro propósito es servir de punto de reunión a todo el mundo que crea necesaria una memoria histórica serena y constructiva. Que no olvide a las víctimas, pero que sí se olvide de los odios. Nuestro país, toda Europa, todo el mundo, pasa por momentos de una gran transcendencia. No podemos permitirnos revivir los errores y la dialéctica de un pasado infausto. Voy a leerles ahora la hoja de presentación de nuestra asociación: Han pasado 80 años desde que finalizara la guerra civil española y 44 desde que falleciera el dictador que tras su conclusión dirigió los destinos de España. A pesar del tiempo transcurrido desde ambos acontecimientos sus secuelas siguen presentes en nuestro país. Se da la paradoja de que, mientras que España goza de un sistema democrático avanzado, los españoles llevamos más de una década enrocados en un clima de enfrentamiento político interno. Es innegable que a la salida del franquismo España tenía una deuda con las familias de los vencidos en la última de nuestras guerras civiles. El hecho de que no se emprendiese a nivel nacional una búsqueda sistemática de los restos mortales de los desaparecidos y el que no se ofreciese a sus familiares una vía para conocer la verdad acerca de las circunstancias de su muerte, constituyeron una injusticia manifiesta. A este respecto, queremos reconocer el trabajo de todos cuantos a lo largo de las últimas décadas han contribuido a dignificar el recuerdo de las víctimas de un conflicto fratricida, al tiempo que apelaban, como hacemos nosotros, a la concordia y la reconciliación.
Sin embargo, igual que decimos esto también tenemos que añadir que en demasiadas ocasiones los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo han sido utilizados de forma sectaria, con el propósito de reavivar el enfrentamiento entre españoles, descalificar a opciones políticas democráticas, acusándolas de ser las herederas del franquismo, y conseguir para algunos proyectos políticos (a veces, abiertamente contrarios al sistema democrático creado en 1978) una posición de pretendida superioridad moral.
Llama la atención el hecho de que, del mismo modo que a lo largo del franquismo se erigió un muro de silencio en torno a los represaliados republicanos, se haya producido durante los gobiernos democráticos un olvido patente e injusto de los represaliados por las autoridades republicanas o por las milicias que actuaban en su territorio. Se ha afirmado que dichas víctimas ya fueron reconocidas por el franquismo, pero ese reconocimiento no justifica el olvido sistemático por parte de unas instituciones democráticas que basan su legitimidad en la representación de todos los ciudadanos.
Creemos que nuestra sociedad necesita nuevas formas de gestionar las políticas de la memoria. Políticas que busquen sinceramente el respeto, la reconciliación y el diálogo entre los españoles. Políticas que, sin renunciar a investigar lo sucedido en toda su crudeza, sean también capaces de poner en perspectiva histórica unos hechos acaecidos hace ya demasiados años para que sigan tensionando de este modo el presente de España. Políticas, en definitiva, que fortalezcan la convivencia y el pluralismo político e historiográfico»